¿Auto-golpe de Castillo o golpe parlamentario de la derecha peruana?
Las últimas semanas han sido sumamente agitadas y la información se agrupa en los grandes medios de comunicación. El 7 de diciembre el Congreso decretó la vacancia del presidente Pedro Castillo, el cual previamente había intentado disolverlo en una maniobra que rápidamente es identificada como despótica y anti-democrática. ¿Qué llevó a Castillo a cometer semejante “suicidio político”?
Este acto fue una última y desesperada estrategia para evitar que el parlamento (dominado por la derecha y en abierta actitud golpista) terminara con el gobierno. Finalmente, con ayuda de las fuerzas de seguridad estatales, fue acusado de rebelión y capturado antes de que pudiera solicitar asilo en México, por lo que se encuentra preso.
Hay que entender el contexto político-institucional peruano para dar luz sobre la situación. La constitución actual “fujimorista” permite la llamada “vacancia por incapacidad moral”, donde el Congreso puede votar para destituir al presidente basándose en esta figura legal ambigua, algo que de hecho se ha utilizado profusamente en los últimos años para remover a presidentes. La presencia de una única cámara de legisladores, dominada por partidos de centro y de derecha, facilita los intentos golpistas y profundiza la crisis institucional más allá de las figuras presidenciales.
Perú ha tenido en lo que va del Siglo XXI 10 presidentes, y la mayoría de ellos no terminaron su mandato, están presos o muertos. Ha estado gobernado por el neoliberalismo desde hace décadas, y los herederos políticos del dictador Fujimori cuentan aún con muchísima fuerza y apoyo. En el contexto de un congreso con mayoría de derecha es que Pedro Castillo ha tenido que (intentar) gobernar desde su asunción en julio del 2021. Desde el comienzo se encontró con trabas, persecución y amenazas, y ya habían intentado removerlo sin éxito dos veces. Esta tercera vez lo consiguieron y fue así que asumió Dina Boluarte, la vicepresidenta. A pesar de su intención inicial de terminar el mandato de Castillo, hasta julio de 2026, ha aceptado pedir el adelanto de las elecciones a causa de las masivas movilizaciones del pueblo peruano, que ya han resultado en 18 muertos por la represión. También ha declarado el estado de emergencia, que limita el derecho de reunión y movilización y autoriza la salida de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía.
Si algo queda claro en la actual situación es que el sistema político peruano atraviesa una profunda crisis. Que el modelo que impusieron las fuerzas de derecha de la mano de los grandes poderes mundiales (con EEUU y la UE a la cabeza), el cual incluso querían exportar al resto de América Latina, no ha resuelto ninguno de los problemas de las mayorías, está ante la mirada de todes. Mientras tanto, las elites se reparten el botín del Estado y se asocian para evitar que cualquier gobierno popular llegue a poner en marcha los cambios que el pueblo exige.
Frente a esto, el pueblo se organiza para defender sus derechos. Organizaciones sociales, rurales, de mujeres y de pueblos originarios de Perú han convocado a un paro nacional indefinido con demandas claras: la liberación de Castillo, el llamado urgente a elecciones generales y el cierre del congreso. Así mismo, piden la conformación de una asamblea constituyente que permita finalmente eliminar los vestigios de la dictadura de Fujimori, con el fin de crear una nueva constitución plurinacional.
Apoyamos y acompañamos la lucha del pueblo peruano en pos de la restitución de la democracia y la refundación del Estado.
