Por lo general, las personas migrantes y la realeza no suelen tener muchas cosas en común, pero Berlín es un lugar especial. En la mitología griega, el monarca Sísifo fue condenado por los dioses a empujar a lo largo de una ladera empinada una inmensa roca cuesta arriba. Justo antes de alcanzar la cima, sin embargo, la gran piedra rodaba hacia abajo y el imputado debía volver a empezar con su tarea desde el principio, una y otra vez, por toda la eternidad. Del mismo modo absurdo y frustrante, la mayoría de las personas migrantes que llega a Berlín y no puede registrar su domicilio [Anmeldung], está destinada a enfrentar un rechazo detrás del otro. Ya sea con motivo de abrir una cuenta bancaria, acceder a un seguro de salud, firmar un contrato de trabajo, obtener un identidad fiscal o contar con una dirección oficial donde poder recibir el correo postal: en Alemania, para llevar a cabo casi cualquier tipo de trámite es necesaria la Anmeldung.
Este obstáculo burocrático generalizado frente a cualquier intento de abandonar la fragilidad que siempre implica la migración, se recrudece sobre la base del problema social más urgente del momento: en Alemania hacen falta 700.000 viviendas.[1] Sobre todo en Berlín, el aumento sostenido del precio de los alquileres y la muy escasa oferta de pisos disponibles en el centro urbano expulsan cada vez más a lxs habitantes hacia las periferias de la ciudad, aislándolxs de los principales lugares de trabajo, cultura, salud y sociabilidad. La vivienda ha dejado de ser un derecho social orientado a la satisfacción de una necesidad humana fundamental -habitar-, para convertirse en mercancía, es decir, algo que se produce y vende en el mercado con el objetivo de generar ganancias.
La mercantilización de la vivienda es el resultado de una forma histórica relativamente nueva de acumulación del capital, signada por la hegemonía de las finanzas y la extracción de renta por sobre el capital productivo. Ese proceso de financiarización global del mercado inmobiliario afecta, por supuesto, a todas las personas que viven en el capitalismo. Pero la violencia de ese fenómeno, en combinación con el funcionamiento burocrático de las instituciones alemanas, repercute sobre lxs cuerpos migrantes en Berlín de una manera particularmente severa. A causa de las frágiles visas de trabajo, los escasos conocimiento del idioma y los empleos mal remunerados en los sectores de limpieza, servicio de reparto y cuidados, las personas migrantes son las principales víctimas de discriminación al momento de postularse a un apartamento. Desprovistos de las redes de contacto y contención para afrontar esa situación, la única alternativa consiste en pagar precios desorbitantes por habitaciones diminutas que, por lo general, sólo pueden subarrendar o alquilar temporalmente. Bajo esas condiciones de hábitat endebles, registrar el domicilio en las oficinas públicas resulta prácticamente imposible. Ese obstáculo se transforma en el punto de inicio de un círculo vicioso de precarización que consume la vida migrante de Berlín: sin Anmeldung, lxs nuevxs ciudadanos permanecen excluidos de los bienes y servicios urbanos más fundamentales y, sobre todo, de la posibilidad de acceder a un trabajo formal.
Las luchas berlinesas por el Derecho a la Ciudad y el nuevo rol de los migrantes al respecto
En Berlín existe una importante tradición de protesta urbana. En distintos momentos partir de los años setenta, amplios sectores de la población se organizaron para frenar la demolición de las viejas casas de barrios obreros [Altbauviertel], interrumpir la edificación de autopistas y grandes obras de infraestructura y, preservar, en cambio, el carácter público de espacios característicos como los parques de Gleisdreick, Görlitzer Park y, más recientemente, el Tempelhofer Feld. Uno de los principales protagonistas de estas luchas fue el sector de la izquierda autonomista que, junto a estudiantes, desempleadxs y marginalizadxs organizó un movimiento de ocupantes [Hausbesetzerbewegung] con el cual se llegaron a controlar, durante la década de los ochenta, más de 200 casas en el barrio de Kreuzberg y, luego de la caída del muro, 130 en Friedrichshain. Las mujeres y disidencias sexo-genéricas escribieron un capítulo importante y frecuentemente olvidado de esa historia de lucha urbana. Esos sectores ensayaron diversos experimentos de vivienda anti patriarcales basados en la cooperación, que se plasmaron en legendarias experiencias como las de Hexenhaus, Bülowstraße 55 y Tuntenhaus Forellenhof.
Pero durante los años noventa, al mismo tiempo que la gran mayoría de los proyectos de vivienda autogestivos de Berlín era legalizada por el poder político o desalojada por la policía, el gobierno de la ciudad inició un amplio y sistemático proceso de venta de los lotes edificables y las viviendas sociales a inversores privados. Entre 1990 y 2017 se vendieron en total 21 millones de metros cuadrados de tierra pública, es decir, una superficie equiparable al distrito Friedrichshain-Kreuzberg. De las 590.000 viviendas sociales de las que disponía la ciudad al principio de ese período, sólo quedaban en 2010 unas 270.000. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de esas 320.000 viviendas no fueron cedidas a propietarios individuales, sino a grandes consorcios inmobiliarios como Deutsche Wohnen, Akelius & Co. y Vonovia que tienen como principal objetivo el aumento constante del valor de sus acciones, profundizando los procesos de mercantilización de la vivienda y segregación urbana comentados anteriormente.
Como resultado de las presiones sociales y políticas ejercidas por la población y las organizaciones que representan los intereses de los inquilinos, el senado de Berlín promulgó el 24 de febrero de 2020 una ley que establecía un límite al precio de los alquileres para determinado tipo de viviendas [Mietendeckel]. Las grandes preocupaciones que esto suscitó dentro del lobby inmobiliario y el partido liberal (FDP), la democracia cristiana (CDU) y la extrema derecha (AfD) fueron determinantes para que, luego de aproximadamente un año de vigencia, la legislación fuera declarada nula por parte de la suprema corte de justicia alemana [Bundesverfassungsgericht]. Sin embargo, en el contexto de crisis generalizada desatada por el Covid-19, el descontento social ocasionando por el pago retroactivo de las diferencias que habían sido percibidas por lxs inquilinxs beneficiadxs por el Mietendeckel generó un clima propicio para el triunfo de la campaña Deutsche Wohnen & Co. Enteignen. Organizada por distintos actores individuales y colectivos esta iniciativa logró aprobar el 26 de septiembre de 2021 un plebiscito que propone la expropiación de 243.000 viviendas que en Berlín se encuentran en manos de los tres grandes consorcios mencionados más arriba. El proyecto de ley consiste en la creación de una institución de derecho público [Anstalt des öffentlichen Rechts] para administrar las propiedades y llevar a cabo una progresiva indemnización a los accionistas por un monto sensiblemente menor al que ellas tienen en mercado. Sin embargo, el lobby inmobiliario y la alianza parlamentaria mencionada, de la cual la socialdemocracia (SPD) también es cómplice, han logrado bloquear su implementación durante los dos últimos años.
Un rasgo histórico novedoso dentro de esta nueva fase de lucha por el derecho a la ciudad está relacionada con la participación política de lxs migrantes. Mientras que los conflictos por las ocupaciones en Kreuzberg durante la década del ochenta habían sido liderados por grupos de izquierda alemanes, en las protestas del nuevo siglo se destacan, en cambio, el protagonismo que las familias racializadas han ganado en iniciativas de vecinxs como Kotti & Co o el campamento en Oranienplatz y la ocupación del edificio de la escuela Gerhard-Hauptmann que llevaron adelante migrantes y personas ilegalizadas entre 2012 y 2014. Estas experiencias son importantes porque confieren visibilidad, por primera vez, a distintos grupos que habían sido previamente marginalizados de los debates urbanos, otorgándoles la posibilidad de exigir respuestas a los problemas que los aquejan: ¿quiénes tienen derecho a vivir en el “centro” de la ciudad? ¿Las personas con más recursos económicos, las que habitan aquí desde varias generaciones o las que se sienten identificadas con el estilo de vida urbano determinado? ¿En base a qué criterios se definen esas costumbres y estilos de vida? ¿Es posible defenderlos frente al avance de la mercantilización? ¿Qué papel desempeñan al respecto los sectores de la población urbana que se encuentran excluidos del derecho al voto y, consecuentemente, de la democracia en la ciudad?
Traducir el lenguaje de lucha de la producción social del hábitat
Ciudad Migrante es un espacio organizado por el Bloque Latinoamericano, del cual pueden participar todas las personas interesadas en reflexionar sobre el modo específico en que el mercado inmobiliario y la burocracia afectan el desarrollo de la vida migrante en Berlín. Su principal objetivo es desarrollar, sobre las bases de la autogestión y la ayuda mutua, soluciones colectivas al problema del acceso a la vivienda. Durante el último año, lxs participantes de la iniciativa han elaborado distintas herramientas comunicativas, que ayudan a lxs migrantes a conocer mejor sus derechos como inquilinxs y, sobre todo, a poder defenderlos. Con ese propósito y en colaboración con artistas y geógrafxs se produjeron ilustraciones, videos, textos y cartografías que brindan una orientación crítica para transitar el proceso de búsqueda de apartamento en Berlín. De una forma práctica y accesible, esos recursos explican los mecanismos a través de los cuales puede obtenerse un cuarto, qué características, derechos y obligaciones revisten los diferentes tipos de contrato de alquiler, cuáles son las estafas habituales a las que hay que prestarles atención, qué recursos existen para lidiar con violencia de género en el hogar y muchas otras informaciones indispensables que no siempre son evidentes al momento de llegar a una ciudad desconocida.
Pero más allá de su función analítica y comunicativa, las herramientas de Ciudad Migrante han sido concebidas como instrumentos de formación y acción política para luchar en contra de la precarización que generan la burocracia y el mercado inmobiliario. Estos recursos expresan las necesidades concretas de la población latina en Berlín, pero con inspiración política prestada de los Consejos Comunales de Venezuela, de la Federación Uruguaya de Cooperativas por la Ayuda Mutua (FUCVAM), del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de Argentina y del Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST) de Brasil, por nombrar sólo algunas de las experiencias de lucha urbana más conocidas en los territorios de origen. A pesar de la amplia diversidad de tradiciones políticas en juego, todas esas organizaciones son el efecto del protagonismo que los sectores populares han desempeñado en los procesos de producción social del hábitat. Es aquel lenguaje común de la autogestión el que elige traducir el Bloque Latinoamericano para decir con voz propia, frente al Estado y los partidos parlamentarios en Berlín, los términos y condiciones de su lucha migrante por el derecho a la ciudad.
[1] Es la principal conclusión del estudio “Construir y habitar en la crisis – Evolución actual y repercusiones en la construcción y los mercados de la vivienda” presentado el 12.01.2023. El análisis fue encargado por la iniciativa berlinesa “vivienda social” [Soziales Wohnen], de la que participan el sindicato IG BAU, la asociación de inquilinos [Mieterbund], una dependencia social de Cáritas y dos asociaciones de constructores.