El pasado 12 de junio, Argentina vivió uno de los días más tristes, al menos desde la vuelta a la democracia. La Ley Bases, propuesta por el actual gobierno de ultraderecha de Javier Milei, fue aprobada por la cámara de Senadores por un voto de diferencia, garantizado por la vicepresidenta Victoria Villaruel
La tristeza y la indignación no solo se deben a la aprobación de una ley que otorgará total poder sobre los recursos naturales a las grandes empresas extranjeras, privatizará empresas estatales, dificultará la jubilación a más del 80% de la población, otorgará beneficios tributarios a grandes empresas multinacionales, reducirá los impuestos a las grandes empresas mientras aumentará los impuestos a les trabajadores, incrementará la cantidad de trabajo no registrado y eliminará leyes que defienden los derechos laborales, entre otras medidas. También, después de una gran jornada de lucha en las calles para detener dicha ley, en la cual participaron organizaciones políticas, centros de estudiantes, sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y asambleas barriales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó un operativo de represión brutal. Enviaron infiltrados de la policía a la manifestación para poder justificar la represión y las detenciones posteriores, lo que resultó en más de 200 herides. Acto seguido, se inició una cacería de manifestantes, que resultó en 35 detenides.
Diches detenides no solo fueron privades de su libertad por más de 24 horas sin ningún tipo de prueba ni causa, sino que también fueron trasladades a cárceles comunes. Hoy en día, aunque algunes han sido liberades, 16 compañeres siguen detenides injustamente, con causas inventadas, muchas de ellas bajo el título de “terrorismo de Estado”.
Son muchos los organismos de derechos humanos que hoy denuncian este acto anticonstitucional del gobierno de La Libertad Avanza, el cual solo busca amedrentar a las organizaciones sociales que se oponen a sus políticas entreguistas, coloniales y ultraliberales.
Hoy habrá una concentración impulsada por la familia de Camila Juárez Oliva, una joven estudiante de la Universidad de San Martín, madre de dos hijos, que fue detenida mientras intentaba huir del accionar policial. Pese a que no participó en los disturbios, la Justicia le negó la excarcelación el viernes. Hoy, sus días transcurren en la unidad penal para mujeres de Ezeiza.
Toda nuestra solidaridad con la lucha del pueblo argentino. Llamamos a toda la comunidad a acompañar este pedido de liberación de les preses politiques, así como la eliminación de sus causas ilegítimas.
¡Luchar no es un delito! ¡Nunca más preses politiques! ¡No a la Ley de Bases!