La criminalización de lo migrante y la resistencia anti-ICE en Los Ángeles

El recrudecimiento de las medidas antiinmigración de Donald Trump en California —el estado con mayor población de migrantes provenientes de América Latina a nivel mundial—, a través del despliegue de una coalición entre la policía local, el FBI y ICE¹ —estos últimos llevando a cabo levantamientos extrajudiciales indiscriminados y masivos—, constituye el esfuerzo más reciente de su administración por manufacturar consentimiento para la penalización de ciudades santuario² como Los Ángeles. Para terror de la población migrante latina, el reciente despliegue de la Guardia Nacional viene acompañado de la amenaza de que California será solo el comienzo.

Este operativo —en el que agentes enmascarados cometen secuestros de transeúntes en flagrante violación del habeas corpus y el debido proceso— escenifica, además, las directrices contenidas en el infame “Project 2025”³: la eliminación de zonas de protección en escuelas, hospitales e iglesias; la aceleración de procesos de deportación para eludir salvaguardas legales; y la suspensión de programas humanitarios como DACA, TPS y las visas T y U para refugiados y víctimas de trata⁴. Idealmente, esta escalada de violencia busca producir —o al menos simular— una aprobación tácita que permita a Trump avanzar con los aspectos más radicales de su agenda, entre ellos la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento (ius soli, en inglés birthright citizenship), uno de los principios más progresistas de la Constitución estadounidense, y que en este aspecto supera a muchos modelos europeos de ciudadanía.

Sin embargo, en medio de este escenario se encuentra la ciudad de Los Ángeles: una ciudad con una larga historia de resistencia, revuelta y protesta, que hoy se erige como un bastión crucial. En las últimas semanas han circulado imágenes de anarquía: desde vehículos Waymo en llamas hasta la vandalización de propiedad pública y privada. Pero también han aparecido imágenes inspiradoras para “los condenados de la tierra”: columnas de humo detrás de manifestantes ondeando banderas mexicanas.

Para muches manifestantes, cuyas familias han sido destrozadas por esta administración, los llamados a la protesta pacífica por parte de representantes demócratas como Bernie Sanders representan una exigencia moral unilateral, ciega ante lo que realmente está en juego. Por otro lado, la clase política conservadora capitaliza el desorden para deslegitimar y criminalizar toda crítica a las políticas migratorias, abogando por el uso de la Guardia Nacional, el Ejército, e incluso por la suspensión de los derechos de les manifestantes, sin importar su estatus legal.

Lo que sí está claro es que la voluntad política de la ciudadanía angelina —expresada en su capacidad de organización espontánea para interferir en las redadas de ICE— representa mucho más que un mero caos inicial. Mientras Los Ángeles siga en pie, estará en disputa la viabilidad misma del aparato de deportación masiva. A nivel internacional, también está en juego la capacidad de la administración Trump de imponer un modelo autoritario que otros gobiernos ultraconservadores busquen imitar. Con ecos del ejercicio impune de secuestro y represión de la Gestapo en la Alemania de los años cuarenta, la izquierda internacional observa a Los Ángeles con expectación, ansia y esperanza.

La deconstrucción del estado norteamericano

A pesar de que el modo de operar de la segunda administración se distingue tajantemente de la primera, no es difícil rastrear la lógica ideológica detrás de la estrategia de políticas de la administración de Trump. Steve Bannon —publicista, consultor político e influencia ideológica más prominente del movimiento MAGA— ha declarado abiertamente que su objetivo es la “deconstrucción” del Estado administrativo⁵. Dentro de su círculo de influencia se encuentra el “filósofo” de Silicon Valley, Curtis Yarvin, cuya propuesta RAGE⁶ (Retire All Government Employees) guarda un correlato directo con la iniciativa establecida por orden ejecutiva DOGE (Department of Government Efficiency), encabezada por Elon Musk y orientada al despido masivo de funcionarios públicos en sectores clave como salud (HHS), seguridad social (SSA), educación y asistencia humanitaria (USAID).

La influencia de Bannon y Yarvin también se manifiesta en el estilo estratégico del despliegue de órdenes ejecutivas, propio de una lógica “aceleracionista”⁷. Este término —proveniente del postestructuralismo— sostiene que la singularidad tecnológica, y con ella el sueño de una sociedad tecnofeudal, solo podrá realizarse si las oposiciones faccionales son desbordadas a un ritmo que supere su capacidad de respuesta. No sorprende, entonces, que magnates tecnofeudalistas con aspiraciones de dominación como Peter Thiel y Alex Karp, fundadores de la empresa de software Palantir, actúen en complicidad mediante la creación de la plataforma “ImmigrationOS”⁸, diseñada para facilitar las redadas de ICE mediante el rastreo “en vivo” de personas indocumentadas.

Antes del despliegue de masivo de ICE, la lógica estratégica del aceleracionismo ya se manifestaba en la precipitada expedición de órdenes ejecutivas estrafalarias. Este modus operandi busca saturar el discurso público con órdenes ejecutivas acompañadas por declaraciones desorbitantes, desorientando así a la opinión pública y debilitando la capacidad de réplica de la oposición política. No está en juego la verdad de los hechos ni la mesura propia de la civilidad política que otorga legitimidad en contextos democráticos, sino la creación de un entorno semántico en el que la verdad se reconfigura como un estado de excepción. En este nuevo marco, la verdad se supedita a la figura de la última palabra del soberano.

La administración de Trump, junto con el aparato mediático alternativo, ha sido todo menos sutil al respecto. Cuando se le pregunta si planea una nueva candidatura presidencial, es decir, un tercer mandato, Trump finge demencia e incluso aparenta ignorar si la cancelación del habeas corpus sería constitucional. Frente a esa ignorancia cínica, destacan las declaraciones de Steve Bannon, quien afirma abiertamente que solo un tercer mandato de Trump podrá hacer frente a la “guerra civil” que, según él, se avecina. La relativización de la verdad le ha asegurado a Trump el respaldo necesario de sus votantes para actuar con carta blanca.

Es en este contexto —en la manufactura del consentimiento de las masas, donde la migración es recontextualizada como un casus belli o motivo de guerra— que Trump lanzó la Operation Safeguard. Liderada por Stephen Miller y Kristi Noem, esta operación apuntó a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Denver y Miami, con el objetivo de cumplir una cuota de deportaciones de 1,500 personas por día. Para alcanzar dicha meta, ICE amplió sus criterios de arresto, realizando redadas en domicilios particulares, escuelas, huertos, hospitales, albergues e iglesias, y efectuando con frecuencia arrestos colaterales de migrantes con ciudadanía o sin historial criminal. Los agentes de ICE son alentados a emplear el uso de la fuerza, ocultar sus rostros y nombres, y grabar sus acciones de manera “camera-ready”, con fines mediáticos. A inicios de junio, la Casa Blanca intensificó la presión para elevar la cuota a 3,000 arrestos diarios, lo que culminó en una redada masiva y coordinada del 6 al 7 de junio, en la que se invocó la participación de la Guardia Nacional.

Un programa de completo desorden

Trump sostiene que las medidas de deportación se dirigen exclusivamente contra migrantes indocumentados con antecedentes criminales. Sin embargo, el proyecto de deportación busca expulsar entre 15 y 20 millones de personas, a pesar de que se estima que la población total de indocumentados en Estados Unidos ronda los 11 millones. Lo que realmente se pone en marcha es un proceso de desdibujamiento progresivo de los límites entre el derecho migratorio y el derecho penal. A este fenómeno, Juliet Stumpf lo denomina “crimigración”, es decir, la creciente criminalización de la migración mediante políticas discriminatorias que fusionan las funciones de las autoridades migratorias con las de la policía local y el sistema penitenciario, en gran parte privatizado. Con frecuencia, en lugar de ser deportados, los migrantes detenidos son forzados a realizar trabajos dentro de prisiones privadas⁹, en condiciones que muchos describen como una forma de neo-esclavitud. A nivel simbólico, la lógica de la crimigración deja en claro que no se persigue a “criminales indocumentados”, sino que se construye el estatus migratorio como inherentemente criminal, reforzando así su deshumanización.

La cuestión migratoria en Estados Unidos está profundamente entrelazada con su historia como asentamiento colonial y con la mitología del American Frontier, donde la lógica expansionista se presentó como una misión civilizadora orientada a dominar o exterminar a las poblaciones nativas y no blancas. Sin embargo, el meridiano de sangre que representa la frontera entre México y Estados Unidos también ha sido atravesado por una historia paralela de resistencia.

En este contexto, la ciudad de Los Ángeles se erige como un escenario emblemático de conflictos raciales y luchas sociales. En 1943, los llamados Zoot Suit Riots marcaron una serie de ataques racistas contra jóvenes mexicoamericanos, filipinos y afroamericanos por parte de militares blancos, en un clima de fuerte militarización y criminalización de comunidades racializadas. Posteriormente, la llamada Segunda Gran Migración de afroamericanos hacia Los Ángeles llevó al establecimiento de políticas urbanas segregacionistas, como el redlining, que restringían el acceso a vivienda en función de la raza. Estas condiciones estructurales desembocaron en el levantamiento de Watts en 1965, tras el arresto violento de Marquette Frye y la agresión a una mujer embarazada. La revuelta duró seis días y expuso la brutalidad policial y la marginación sistemática de la población negra.

No obstante, el estallido más emblemático se produjo en 1992, tras la absolución de los agentes de la LAPD que habían sido grabados golpeando brutalmente a Rodney King, lo que desencadenó protestas masivas, incendios y enfrentamientos en uno de los levantamientos urbanos más significativos en la historia contemporánea de Estados Unidos. Años después, en 2006, las marchas de “Un día sin migrantes” convocaron a más de 300,000 personas¹⁰ en Los Ángeles en rechazo al proyecto de ley antiinmigrante H.R. 4437, fortaleciendo la articulación del sujeto político latine con las luchas antirracistas y los movimientos por la justicia social.

Los levantamientos recientes contra ICE en Los Ángeles pueden entenderse no solo como parte de un legado racializante que busca hacer desaparecer a las minorías bajo el subterfugio ideológico de la legalidad, sino también como una afirmación de la capacidad de resistencia de las poblaciones racializadas de la ciudad. Es en este contexto —marcado por la historia de la violencia estructural— donde las preguntas sobre los límites morales, políticos y cívicos de la desobediencia civil se encuentran con un callejón sin salida. Cuando se enfrenta una forma de violencia cuyo objetivo no es simplemente excluir al sujeto como ciudadano o agente legal, sino erradicarlo como sujeto en tanto tal —reducido a una facticidad racial—, es entonces que, parafraseando a Frantz Fanon, el análisis del conflicto de clases debe ser revisado y ampliado.

La inmediatez de la comunicación contemporánea, a través de videos virales que documentan arrestos, secuestros y violaciones sistemáticas de derechos humanos, multiplica las imágenes de Rodney King hasta convertirlas en una cotidianeidad brutal. Sin embargo, la mirada vicaria de la clase política conservadora invierte la escena: el agente de ICE es visto como víctima, mientras se presupone una violencia inherente en el migrante. Como argumenta Lisa Guenther en Seeing Like a Cop, la violencia del policía no puede atribuirse únicamente a errores de juicio, prejuicios personales o mala conducta; la crimigración arma la mirada policial mediante modos de percepción entrenados, institucionalizados y profundamente anclados en estructuras sociales racistas. No es solo el ojo del agente el que ve, sino un aparato entero que enseña cómo mirar.

Es a menudo esta mirada —la mirada policial, institucionalizada e insensible al contexto— la que reproducimos cuando condenamos de forma inmediata los disturbios que actualmente se desarrollan en Los Ángeles. Por ello, resulta crucial distinguir entre la forma que adoptan estas manifestaciones y el trasfondo estructural que las impulsa, para así desenredar las cuestiones éticas sobre la legitimidad del disturbio de las intensidades afectivas que lo detonan. Hay, sin embargo, un hecho que debe reconocerse con claridad —un hecho que quizá la administración de Trump no anticipó y que hoy constituye el verdadero campo de lucha: Trump se enfrenta ahora a la voluntad política de una ciudad con una larga historia de resistencia, una resistencia que, a través del disturbio, por más cuestionable que sea, demuestra el haberse desvestido de la petrificación que Trump intentó asestar en la población. Y mientras esa voluntad permanezca indoblegable —ya sea expresada a través de disturbios, de marchas pacíficas o de formas híbridas entre ambas—, el proyecto de criminalizar la disidencia se encontrará con una ciudadanía que ha aprendido a ver, a actuar y a resistir más allá del miedo.

Nota del autor: Este artículo fue redactado una semana después del inicio de las protestas en Los Ángeles. Poco tiempo después, dichas manifestaciones dieron lugar a un movimiento de mayor alcance a nivel nacional. Así, el 14 de junio se llevó a cabo el “No Kings Day”, dando origen a las “No Kings Protests”, en las que participaron más de 2,100 ciudades en Estados Unidos y 20 ciudades en otros países, convirtiéndose en lo que se considera la protesta más grande en la historia del país—entre 4 y 6 millones de participantes calculan medios como The Guardian: https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/19/no-kings-how-many-protesters-attended

1. ICE (Immigration and Customs Enforcement) es una agencia federal adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), creada tras los atentados del 11 de septiembre mediante la Ley de Seguridad Nacional (Homeland Security Act) de 2002. Aunque su objetivo declarado es combatir el terrorismo y el crimen transnacional que amenaza la seguridad nacional, ICE ha sido dotada de facultades extraordinarias que le han permitido perseguir y detener a familias migrantes sin antecedentes penales. ↩︎
2. En Estados Unidos, las ciudades santuario son localidades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración en la aplicación de leyes migratorias. ↩︎
3. El Project 2025 es una ambiciosa propuesta de transición presidencial diseñada por la Heritage Foundation, un influyente think tank conservador fundado en 1973 durante el mandato de Richard Nixon. Redactado por figuras clave de la administración de Donald Trump, el proyecto busca reestructurar el gobierno federal bajo principios ultraconservadores. Entre sus principales arquitectos destacan Paul Dans, director de la iniciativa, y Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation y promotor de teorías conspirativas como la del “deep state”. También participan Gene Hamilton, exfuncionario del Departamento de Justicia, y Ken Cuccinelli, antiguo subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, quienes se destacan por impulsar algunas de las medidas más polémicas del plan, como la fusión entre el sistema de justicia penal y las leyes migratorias, así como el uso de poderes de emergencia para implementar políticas sin aprobación del Congreso. Entre sus objetivos se incluyen la eliminación de agencias federales, la politización del servicio civil (es decir, la selección de funcionarios según su nivel de lealtad a la administración de Trump) y restricciones sin precedentes en temas como inmigración, derechos LGBTQ+ y acceso al aborto: https://jacobin.com/2025/01/trump-executive-orders-project-2025 ↩︎
4. El programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) es una política implementada en 2012 que permite a personas que migraron a Estados Unidos durante su infancia y que ahora son mayores de edad—conocidas como dreamers—obtener permisos renovables de residencia temporal por dos años, junto con autorización para trabajar. El TPS (Temporary Protected Status) es un estatus otorgado a personas que residen en Estados Unidos pero que enfrentan condiciones extremas, como persecución, violencia generalizada o desastres naturales en sus países de origen. Las visas T y U son tipos especiales de visa concedidas a víctimas de trata sexual o laboral y a personas que han sufrido ciertos delitos graves, respectivamente, y que colaboran con las autoridades. Todos estos programas son objeto de ataque en el marco de Project 2025, que recomienda su abolición por decreto ejecutivo desde el primer día de la nueva administración. Para más información: https://www.axios.com/2024/11/08/trump-maga-immigration-project-2025 ↩︎
5. https://www.washingtonpost.com/politics/top-wh-strategist-vows-a-daily-fight-for-deconstruction-of-the-administrative-state/2017/02/23/03f6b8da-f9ea-11e6-bf01-d47f8cf9b643_story.html ↩︎
6. https://www.democracynow.org/2025/2/20/quinn_slobodian_maga_doge_capitalism ↩︎
7. https://www.thestudyias.com/blogs/dark-enlightenment-and-accelerationism-the-technocratic-threat/ ↩︎
8. https://www.wired.com/story/ice-palantir-immigrationos/ ↩︎
9. https://www.nytimes.com/2025/03/07/us/politics/private-prisons-immigrants-detention-trump.html
   https://stateline.org/2025/04/11/for-profit-immigration-detention-expands-as-trump-accelerates-his-deportation-plans/#:~:text=Private%20immigration%20detention%20has%20been,companies%20help%20operate%20facilities%20nationwide. ↩︎
10. https://www.theguardian.com/world/2006/may/02/usa.topstories3 ↩︎