En Bolivia, la población de Santa Cruz se encontró frente a un panorama complejo y de escalada de violencia que se disparó el día 22 de octubre del 2022, cuando inició un paro cívico indefinido convocado por el llamado “Comité Interinstitucional” de Santa Cruz, el cual finalmente fue levantado después de 36 días. Movimientos sociales, pueblos originarios, organizaciones políticas de base, organizaciones feministas, de las diversidades sexo-genéricas y un sinfín de ciudadanes han denunciado el carácter fascista, racista, clasista, violento, ultraderechista y machista que tomó el paro, atentando contra los derechos básicos de les habitantes de Santa Cruz, como son el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo y sobre todo al derecho a una vida sin discriminación ni violencia. Se denunciaron cuatro fallecimientos, ataques de violencia contra mujeres y organizaciones que brindan apoyo y asistencia ante violencia machista, se denunció también el caso de una violación grupal cometida en un punto de bloqueo, la pérdida de empleo de personas que expresaron disidencia al discurso del Comité Interinstitucional de manera pública y otras ofensas directas contra los derechos humanos básicos.
El Comité Interinstitucional estuvo conformado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Gobernación de Santa Cruz a la cabeza de Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico pro Santa Cruz, con Rómulo Calvo como líder. Es importante recordar que Camacho fue el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz durante la crisis política del 2019 y uno de líderes más importantes de la fracción que llevó a cabo y consumó el golpe de estado con biblia en mano.
Para contextualizar, el Comité Cívico pro Santa Cruz es una organización de la sociedad civil, fundada en el año 1950, que se autodenomina como una “[i]nstitución cívica con la finalidad suprema de velar por el engrandecimiento moral y material del departamento de Santa Cruz y de Bolivia” como lo describen en su página oficial de Twitter. Es en la práctica una institución caracterizada por velar por los intereses de las élites económicas y políticas de Santa Cruz, con valores ultraconservadores, religiosos y que siempre ha estado en alianza con la ultraderecha política. Además, esta institución cuenta con un ala radical llamada Unión Civil Cruceñista, caracterizada como un grupo paramilitar por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su investigación y caracterización de la crisis política del 2019. Esta comisión recomendó el Estado la desarticulación de esta organización en su informe, cuestión que claramente no se ha concretado hasta el día de hoy, haciendo evidente una vez más la urgencia de asumir esa tarea.
En este específico conflicto la estrategia del Comité Interinstitucional estuvo basada en movilizar a la población de Santa Cruz a someterse y sostener un paro cívico indefinido con el fin de empujar una causa que a simple vista se veía como justa y necesaria; como es la realización del Censo de Población y Vivienda en Bolivia el año 2023, en contraposición al plan del gobierno central que cuenta con la realización de este un año después, en 2024. Cabe resaltar que el aplazo de la realización del censo fue una resolución del Consejo Nacional de Autonomías el día 12 de julio de 2022, habiendo Luis Fernando Camacho (por el departamento de Santa Cruz) faltado a dicha instancia de deliberación. Por supuesto que la realización más temprana del censo conllevaría a una redistribución de recursos más eficiente, justa y rápida; consideración especialmente ligada al hecho de que a raíz de los grandes flujos migratorios hacia Santa Cruz y por el crecimiento de su economía, mayoritariamente basada en la agroindustria, se estima que este departamento debería ser receptor de mayor cantidad de recursos económicos y de más escaños en el parlamento nacional.
Sin embargo, en toda esta demanda se volvió evidente que las élites económicas y políticas del departamento más grande del Estado volvieron a jugar sus cartas, intentando nuevamente consolidar su poder político, desestabilizar el gobierno del MAS-IPSP y engrandecer la narrativa que ve al centralismo progresista como el enemigo. Aun después de haber tenido la oportunidad de observar cómo se estructuraron las fuerzas políticas durante el golpe de estado del 2019, y todo el impulso que salió del mismo seno del Comité Cívico pro Santa Cruz para concretar este proyecto de toma del poder a través de la amenaza, la violencia, el racismo y la coerción. Por ello, me parece pertinente brindar un pantallazo sobre qué intereses y objetivos persiguen estas instituciones, el proyecto político que tiene la ultraderecha en Bolivia, por qué aún tiene adeptes que persiguen sus intereses y por qué es más necesario que nunca proteger el proyecto del Estado Plurinacional.
Desde su creación como institución, el Comité Cívico pro Santa Cruz, ha gestado sus discursos y disputas políticas abiertamente en oposición a proyectos progresistas y/o de izquierda, con un carácter regionalista, conservador y reaccionario; enfatizando especialmente en la “evidente” diferencia étnica-ideológica que supuestamente impediría conciliar los intereses entre las tierras altas y bajas del país. Todo con el fin de no perder poderío económico y simbólico a través de políticas redistributivas; luchas que se incrementaron para hacerle frente al nuevo proyecto de país que surgió con la “Agenda de Octubre” que traían los movimientos sociales en una lucha antineoliberal, antirracista y popular de larga data, que se comenzó a concretar con la llegada del MAS-IPSP al gobierno en el año 2006, y con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, que dieron un giro hacia la redistribución de las riquezas, a la nacionalización de los recursos y a darle un énfasis desde el estado a reivindicaciones anticoloniales, antirracistas y progresistas. Por ejemplo, la fracción de derecha regionalista llamada “Media luna”—encabezada por el Comité Cívico de Santa Cruz y su prefectura— jugó un rol contundente durante la crisis política del 2008, en que se intentó boicotear la Asamblea Constituyente a través de instalar el discurso de la autonomía regional de los departamentos de Santa Cruz. Después de estos 36 días de violencia podemos que estas narrativas han vuelto a revivir con las mismas características, aún después del golpe de estado de 2019.
Es igualmente relevante mencionar que la estrategia principal del Comité Cívico pro Santa Cruz (representando los intereses de la burguesía de las tierras bajas) ha venido siendo —desde el ascenso del MAS-IPSP al poder estatal— la de cooptar y movilizar a sectores que no pertenecen a las élites para sostener y perseguir una agenda de movilización que no viene desde las bases populares, y que tampoco beneficiaría directamente a las clases empobrecidas, porque reconocen que sin esa fuerza de convocatoria de masas no podrían concretar sus planes. Esta estrategia se centra en intentar disolver los conflictos de clase que permean intensamente a todo Bolivia, estableciendo como enemigo al centralismo estatal y supuestamente “anticruceñista” (siendo cruceñe el gentilicio de Santa Cruz), cuando en realidad el enemigo real es el control neofeudal, racista y colonial que tienen las patronales y la clase burguesa por sobre la clase trabajadora y precarizada, independientemente de sus (más que legítimas) diferencias étnicas o culturales.
Más específicamente, la alianza de instituciones como el Comité Cívico pro Santa Cruz, la CAINCO (Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz), además de académiques, periodistas y medios de comunicación afines a la derecha, han aportado a la construcción de la narrativa de la ‘cruceñidad’ como factor aglutinante de identidad politizante, que está basada en consideraciones racistas, separatistas y de rechazo a la otredad que no es ‘cruceña’ ni ‘cruceñista’. A partir del inicio de este paro hemos sido testigues de una suerte de revitalización intensa de estas narrativas, especialmente en redes sociales y empujadas mayoritariamente desde Santa Cruz. Luis Fernando Camacho y todos los voceros del Comité Interinstitucional ratificaron la posición de mantener la demanda de la realización del censo el 2023 durante todo el paro cívico, a pesar de que existieron tres convocatorias de diálogo desde el gobierno central, y dos específicamente de carácter nacional llamado “Censo con consenso”. A estos eventos de corte pluralista asistieron una amplia gama de fuerzas políticas electas, no necesariamente afines al Proceso de Cambio impulsado desde el ejecutivo, pero conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo dentro de la institucionalidad democrática. Esas fueron las instancias a las que Luis Fernando Camacho, como gobernador de Santa Cruz fue la única autoridad nacional que decidió no asistir, a pesar de la insistencia nacional de llegar a acuerdos pacíficos.
Igualmente, Luis Fernando Camacho emitió variadas veces declaraciones como: “aquí el que se venda tiene muerte civil y lo sabemos”, haciendo cada vez más obvio que el desacato al paro conllevó consecuencias sociales fuertes para lxs ciudadanxs de Santa Cruz y que se materializaron en la escalada de tensión social, que consecuentemente dio paso a un sinfín de enfrentamientos y situaciones de extrema violencia, ejercida especialmente contra pueblos originarios y las clases empobrecidas que se movilizaron contra el paro cívico, por las medidas de precarización a las que están siendo sometides en contra de su voluntad por el aumento de la violencia, por la imposibilidad de movilizarse por la ciudad, de asistir a sus puestos de trabajo, de ganarse el pan de cada día, por el encarecimiento de los alimentos y vituallas necesarias para sostener la vida de les habitantes del departamento. Verbigracia las bases campesinas-originarias y movimientos sociales afines al MAS-IPSP (como la CSUTCB) se movilizaron en reacción al paro cívico de Santa Cruz, repudiando la revitalización de la conflictividad de parte de las élites económicas y políticas de la derecha, y por el intento de desestabilización contra el gobierno del MAS-IPSP. Consecuentemente, decidieron instaurar un cerco alrededor del departamento de Santa Cruz de la Sierra, con el fin de parar todo tipo de flujo de transporte pesado, de comercio y de abastecimiento de la ciudad, como medida de presión para detener el paro. A raíz de eso, hubo reacciones de racismo y violencia extremas especialmente contra las personas de pueblos originarios que se sumaron al cerco, como el ataque racistas y sexista a mujeres del pueblo ayoreo que se sumaron al cerco de parte del subalcalde de la provincia Ñuflo de Chávez, o la quema sistemática de casas de la misma población indígena.
El día de mayor movilización, conflictividad y escalada de violencia en Santa Cruz ocurrió el 11 de noviembre del 2022, cuando la Unión Civil Cruceñista y personas afines saquearon y quemaron la sede de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. El mismo día también intentaron realizar las mismas acciones contra la Central Obrera Departamental pero la policía intercedió antes de que se concrete. Esta fue una lamentable jornada marcada por enfrentamientos entre vecines, intervenciones de la policía y una escalada de tensión en la ciudad entre quienes apoyaban el paro y entre quienes ya no lograban sostener la situación en la que el Comité Interinstitucional les había puesto. Finalmente, el día 30 de noviembre del 2022 se logró promulgar la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y por el presidente Luis Arce Catacora, lo que le dio un respiro a la población de Santa Cruz, lo que no implica que no se haya fracturado aún más el tejido social cruceño y que desde ahora el país entero tenga que cargar con las repercusioness psicológicas, económicas, materiales y políticas de lo que significó esta movilización.
Es importante mencionar que es a través de toda esta escalada de conflictividad, de coerción, de enfrentamientos y del asfixiamiento socio-económico al que se sometió a la población de Santa Cruz que también se crearon las condiciones perfectas para que discursos afines al separatismo y a la narrativa de la “Nación Camba” (la separación de Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia para formar un Estado-nación étnica, cultural e ideológicamente homogéneo) reemerjan con fuerza, en términos fascistas y de odio a la otredad. Es penoso observar que se revitalizó la imposición única de las visiones políticas y de proyecto de país que tienen las élites económicas de Santa Cruz, que no son el proyecto de las mayorías y que están queriendo implementar a punta de coerción y violencia; tanto simbólica como físicamente. De esta forma, el orgullo o identificación a la llamada “cruceñidad” se busca mimetizar con discursos separatistas, reaccionarios, elitistas y racistas. Ya que estos sectores no ven viable la posibilidad de “doblegarse” a participar del Estado Plurinacional de Bolivia, por el carácter de reivindicaciones que este ha estado siguiendo y por la definitiva inclinación a la ideología de derecha que tienen. El mismo líder del Comité cívico, Rómulo Calvo, expresó en su declaración durante la conferencia de prensa del sábado 26 de noviembre, mismo día en que ordenó el levantamiento del paro: “Necesitamos replantear nuestra relación con el Estado para que sigamos en el Estado. El vínculo con el Estado boliviano debe dejar de ser tóxico; somos más útiles a Bolivia si nos dejan ser, si nos dejan hacer”. Con lo que se puede interpretar que existe una voluntad activa de seguir arremetiendo contra la conquista del Estado Plurinacional, a la que tenemos que resistir con todos los medios y desde todos los lugares posibles.
**Artículo previamente publicado en Cronistas Latinoamericanos el 8.11.22, adaptación y edición para su publicación el 5.12.2022.