El 21 de junio de 2026 se consagró la victoria de un empresario de extrema derecha para la presidencia de Colombia. Abelardo de la Espriella, de 47 años, nació en Bogotá, creció en Montería —esa identidad costera que se convirtió en su bandera de campaña—, tiene nacionalidad italiana y estadounidense, y residía en el país europeo hasta poco antes de que comenzara el proceso electoral. Posee decenas de empresas y propiedades repartidas entre Colombia, Panamá y Florida, es decir, Miami. En vísperas de la primera vuelta, en una entrevista de la pareja «presidencial» a la revista Semana, su esposa, Ana Lucía Pineda, resumió lo que estaba en juego: «Si perdemos, no pasa nada, porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravillosamente (…) estamos en otro país. Si queremos, nos vamos a Colombia; si no, no». El presidente electo gobernará Colombia teniendo el centro del sistema como residencia extraoficial. Esa declaración marca la pauta sobre el tipo de compromiso de esta gente con el país que, ahora, va a gobernar.
De la Espriella se presentó como un outsider, el hombre de fuera (de la política y del país), en contra de las castas políticas, al más puro estilo de la puesta en escena de Javier Milei. Pero es hijo de un prestigioso abogado y político de Córdoba —Abelardo de la Espriella Juris es exdiputado, fue candidato a gobernador en la década de los 90 por el Partido Liberal y partidario de Álvaro Uribe—, es decir, se crió en una familia de élite con pleno acceso al establishment colombiano.
La constitución de su fortuna siguió la misma lógica de puesta en escena y se construyó como una marca personal: jets, Rolls-Royce Phantom, confección de ropa de lujo, una bodega y una destilería que generaron pérdidas millonarias, una cafetería, un restaurante —semiótica y negocios que giran en torno al origen de su dinero y su fama: un bufete de abogados que cobraba alrededor de tres millones de dólares por caso. Entre sus clientes, empresarios acusados de blanqueo de capitales, testaferros del narcotráfico y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de extrema derecha responsable de algunas de las peores masacres del país. Las denuncias por su vínculo con el paramilitarismo fueron archivadas en 2009.
Este es el hombre al que la prensa burguesa y la propia extrema derecha presentan como la gran figura que derrotó a la izquierda colombiana. Las cuentas no cuadran. La estructura socioeconómica del país y la correlación de fuerzas que revelan estas urnas cuentan una historia diferente a la que se quiere vender.
Margen invertido
De la Espriella ganó las elecciones y ese es el dato oficial. Es un hecho. El movimiento nacionalista de extrema derecha «Defensores de la Patria», del que forma parte, obtuvo el 49,65 % de los votos, frente al 48,70 % de los votos para el Pacto Histórico, partido que lidera una alianza de fuerzas progresistas y de izquierda, base del actual presidente Gustavo Petro, y cuyo candidato presidencial fue el exsenador, abogado y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda, quien, por cierto, reconoció la victoria de su oponente. La diferencia fue de 249.000 votos, la más ajustada de cualquier segunda vuelta en la historia reciente del país.
La distribución geográfica del voto dice aún más que el resultado en sí, y es importante destacarlo. Cepeda ganó en diecinueve departamentos; De la Espriella, en catorce más el extranjero. La izquierda ganó en más territorio, pero perdió en el recuento total de votos. Cepeda dominó el Pacífico, la Amazonía y buena parte del Caribe con mayorías aplastantes: un 81 % en el Chocó, un 78 % en Putumayo, un 76 % en Nariño y un 75 % en el Cauca. Se llevó Bogotá, la capital. De la Espriella concentró sus mayorías en los departamentos andinos, densos y poblados: un 76 % en Norte de Santander, un 64 % en el vecino Santander, un 69 % en Casanare y un 64 % en Antioquia. Entre la primera y la segunda vuelta, el mapa electoral apenas varió: treinta y uno de los treinta y tres departamentos mantuvieron su preferencia y el único que cambió, Caquetá, se decantó por Cepeda. Ambos aumentaron sus votos, pero fue la izquierda la que más avanzó entre ambas vueltas, con tres millones de votos nuevos frente a dos millones y medio. Sea o no una ironía, fue en el extranjero donde De la Espriella se mostró más fuerte, ganando con holgura en Estados Unidos.
De este modo, queda claro que la izquierda colombiana ha perdido la gestión del Estado, pero no el terreno de lucha. El territorio está polarizado y resulta casi obvio señalarlo; sin embargo, la izquierda mantuvo y amplió su presencia en las urnas, aunque no fue suficiente para ganar las elecciones.
La historia como base
Antes de Gustavo Petro, la izquierda nunca había gobernado en Colombia. Nunca. Desde el siglo XIX, el poder se había alternado entre liberales y conservadores, dos caras de una misma clase burguesa, y la única interrupción de esa dinámica fue un golpe militar en la década de 1950, negociado precisamente con el apoyo tanto de liberales como de conservadores. En 1958, los dos partidos que representan a la élite colombiana, el Partido Liberal y el Partido Conservador, firmaron un pacto de alternancia en el poder que duró dieciséis años, repartiéndose el Estado entre ellos como quien se reparte una herencia colonial.
Jorge Eliécer Gaitán fue el primero en desplazar el eje de la política colombiana del enfrentamiento entre partidos al enfrentamiento entre clases, movilizando a la clase trabajadora urbana contra lo que él mismo denominaba oligarquía y plutocracia o «país político». El 9 de abril de 1948 fue asesinado en el centro de Bogotá. El Bogotazo, tres días de levantamiento popular que dejaron miles de muertos, fue la respuesta de las calles. La oligarquía respondió como siempre lo había hecho: con una fuerte represión y persecución política; y en ese mismo período surgieron las guerrillas, trayendo consigo la ecuación que los medios burgueses repiten sin cesar desde hace décadas en el imaginario de la población: izquierda igual a lucha armada, izquierda igual a violencia, izquierda igual a enemigo interno.
Quienes, desde la izquierda, intentaron competir por el voto fueron eliminados a tiros o tuvieron grandes dificultades incluso para mantener una candidatura. La Unión Patriótica (UP), fundada en 1985 como apuesta de la izquierda por la vía electoral, vio cómo más de cinco mil de sus militantes eran asesinados, dos de ellos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990. En 2018, el Consejo Nacional Electoral impidió el registro formal del movimiento de Gustavo Petro. Este patrón no es antiguo ni ha sido superado, y pone al descubierto la forma en que la oligarquía política colombiana trata a quienes amenazan su hegemonía.
Una figura destacada de la izquierda colombiana, hoy en día, y que encarna esta historia en su propia piel, es Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica y dirigente comunista asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con grupos paramilitares —delito por el que la Corte Interamericana condenaría al Estado colombiano en 2010, calificando lo ocurrido con la UP como «exterminio sistemático»—. Cepeda, el hijo, se ha pasado la vida denunciando el exterminio que acabó con la vida de su padre y de su partido. Superviviente de la UP, exiliado en su infancia en Praga, y posteriormente en Cuba y en Francia, se presentó como candidato a la presidencia tres décadas después de que el movimiento fuera exterminado.
Por otro lado, el bando conservador llegó a De la Espriella a través de una coalición: el movimiento de recogida de firmas que surgió para impulsar su candidatura, «Defensores de la Patria», acabó integrándose en «Salvación Nacional», fundado por Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, el presidente derrocado en el golpe de 1953. El candidato outsider entró en la contienda de la mano del mismo partido de siempre. Y el movimiento convirtió la patria en una línea de productos: relojes, zapatillas, camisetas, chaquetas, todo con la figura del tigre, en una especie de nacionalismo vendido a través del comercio electrónico. Y en el programa de gobierno, la vieja letanía neoliberal capituladora, anclada en la reapertura del país al petróleo extranjero, en un realineamiento diplomático inmediato con Washington.
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, voces de la teoría de la dependencia weberiana elitista latinoamericana, dieron nombre a esa clase dirigente sin darse cuenta de que describían un problema. Llamaron «grupo hegemónico periférico» a la élite local que se proclama nacional y cuya función histórica es gestionar la subordinación del país al centro del sistema. Para ellos, la subordinación no era un problema que hubiera que superar, sino un coste tolerable, siempre y cuando el capital extranjero aportara modernización y avances institucionales a la región. Colombia tiene un nombre para ello, una doctrina de política exterior bautizada a principios del siglo XX, Respice Polum, «mira hacia la estrella», siendo Washington la estrella polar. Fue esa mirada la que Petro se atrevió a desviar hacia el Sur Global. Denunció a Israel y a Estados Unidos por genocidio en Gaza, y la respuesta no se hizo esperar y fue muy personal. Trump le revocó el visado, el Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de sanciones y Colombia respondió firmando un acuerdo de cooperación con China en el marco de la Nueva Ruta de la Seda. La tensión con el norte fue precisamente lo que se disputaba en las urnas, y De la Espriella salió elegido prometiendo volver a orientar la brújula hacia la estrella polar de siempre.
Es en este contexto —la izquierda exterminada, la derecha que siempre ha gobernado, la subordinación consentida— donde hay que entender y, tal vez, redefinir la palabra «derrota». En un país donde la izquierda en el poder es la anomalía de cuatro años frente a dos siglos de hegemonía oligárquica, heredar la base de un gobierno de excepción y casi reelegirla es una hazaña casi sin precedentes. Petro perdió la segunda vuelta de 2018 con un 41,77 % de los votos y ganó la de 2022 con un 50,42 %. Cepeda, por su parte, se quedó a 249 000 votos. La curva es ascendente, y quien la califica de caída está contando otra historia.
La infraestructura del imperialismo estadounidense detrás de «El Tigre»
La victoria de De la Espriella es también obra de una maquinaria, y esa maquinaria no es solo colombiana. Hoy en día existe una red internacional de extrema derecha que opera de forma coordinada, y sus artífices tienen nombre y dirección. Atlas Network, una red de fundaciones ultraconservadoras presente en más de cien países, siembra think tanks y campañas de opinión por todo el continente. El Foro de Madrid, puesto en marcha por el partido español Vox a través de su fundación Disenso, articula a la derecha iberoamericana como respuesta explícita al Foro de São Paulo. La CPAC, la mayor convención conservadora de Estados Unidos, ha abierto sucursales en Brasil y en el resto del mundo. Por su parte, en Colombia, el Libertank, un think tank del «mercado libre» fundado en 2023, evaluó a los candidatos con la metodología del Fraser Institute —socio histórico de la red Atlas— y la clasificación resultante favorecía a De la Espriella con una transparencia impecable.
La campaña colombiana lleva la huella de esta estructura: figuras de la nueva y la vieja guardia del imperialismo yanqui. Entre los asesores de De la Espriella se encontraba Roger Stone, veterano operador del Partido Republicano desde la época de Nixon, condenado en 2019 por manipulación de testigos, obstrucción a la justicia y mentiras al Congreso, e indultado por Trump al año siguiente. Se pronunciaron a su favor Steve Cortes, exasesor de la primera campaña de Trump y cercano a JD Vance y Ron DeSantis, y André DePew, empresario vinculado a productoras del ámbito republicano y a la movilización de jóvenes latinos trumpistas. No se trataba de apoyos simbólicos procedentes de lejos, sino de miembros del aparato que eligió Trump trabajando en unas elecciones colombianas.
Más significativo que todos ellos es el vínculo que une el dinero, el Estado y el territorio en la figura de Dan Newlin, abogado y financiador de campañas de Florida, que fue uno de los mayores donantes de la campaña de Trump en 2024, con cerca de diez millones de dólares, mantiene una oficina en Medellín desde 2022 y acaba de ser nombrado embajador de Estados Unidos en Colombia. El hombre que financió al presidente estadounidense lo representará en el país que acaba de elegir a su aliado. Y el senador republicano Bernie Moreno, de una poderosa familia colombiana, se presentó como observador electoral en mayo —una parcialidad que denunció la Internacional Progresista— y prometió volver para la toma de posesión. La Estrella Polar no solo se ha reorientado; ha enviado gente para comprobarlo de cerca.
Dentro de la campaña, la maquinaria fue digital, y su artífice es Carlos Suárez, propietario de la consultora Estrategia & Poder, que construyó el marketing político en torno a la imagen del Tigre y que anteriormente ya había asesorado al grupo parlamentario de Salvación Nacional en el Senado. La campaña utilizó gran cantidad de contenido generado por inteligencia artificial y una red de influencers a los que se les pagaba sin revelar que recibían dinero por apoyar a De la Espriella. El mecanismo quedó al descubierto por la propia disputa interna: Westcol, un streamer antioqueño de 25 años y uno de los más importantes del país, mantuvo una retransmisión con De la Espriella y rechazó la invitación de Aída Quilcué, lideresa del pueblo nasa y candidata a vicepresidenta en la candidatura de Cepeda, para visitar su territorio en el Cauca. El influencer Yeferson Cossio, que cuenta con 60 millones de seguidores en las redes sociales, lo acusó en directo de haber recibido pagos de la campaña. Según él, Westcol estaba comprado y, por eso, no podía abrir su canal a ningún otro candidato. Westcol lo negó.
Hace medio siglo, Aníbal Quijano ya describía cómo los nuevos elementos de la economía periférica llegan desde fuera ya formados, desarrollados en el exterior, sin ninguna raíz en el objetivo social del país, y se combinan con las viejas estructuras que encuentran. La maquinaria de De la Espriella es exactamente eso trasladado a la política. Lo externo son Stone, Newlin, Florida, todo el aparato trumpista. Lo interno es Suárez y la vieja oligarquía que, alineada con el centro del sistema, lo financia todo. Ambos operan juntos, y el resultado es la forma contemporánea de una penetración externa que el país conoce desde que existe como tal.
Lo que estaba en juego
Para entender qué es lo que se ha «derrotado» en estas elecciones y qué no, hay que profundizar y poner de manifiesto lo que el gobierno de Petro intentó hacer. El actual presidente ha gobernado durante cuatro años intentando incidir en aquello que la teoría de la dependencia identificó, hace medio siglo, como el núcleo duro de la condición latinoamericana, es decir, las relaciones de producción que condicionan el lugar que ocupa el trabajador en la acumulación dependiente.
Según la interpretación de Ruy Mauro Marini, este núcleo recibe una caracterización muy específica. Mientras que las economías centrales elevan el beneficio aumentando la productividad, las economías dependientes lo hacen prolongando la jornada laboral, intensificando su ritmo y, sobre todo, pagando a la mano de obra por debajo de lo que necesita para reponerse. Marini denominó a esto «superexplotación», la esencia estructural de la dependencia latinoamericana. La mano de obra vendida por debajo del valor necesario para su propia reproducción revela el mecanismo que ata al país a su posición en la división internacional del trabajo.
Contra este mecanismo, Petro intentó actuar por la vía posible dentro del Estado: la distributiva. Elevó el salario mínimo en más de un veinte por ciento acumulado. Llevó el desempleo al nivel más bajo del siglo, por debajo de las dos cifras. Sacó de la pobreza a más de dos millones de personas. Regularizó más de dos millones de hectáreas en un intento por poner en marcha una amplia reforma agraria. Es decir, ha restablecido el valor de la mano de obra, ha reforzado los derechos laborales y ha redistribuido el acceso a la tierra: los tres pilares de la superexplotación atacados al mismo tiempo.
Todo esto es precisamente lo que De la Espriella promete atacar, y el programa que presentó durante la campaña deja pocas dudas sobre para quién va a gobernar. Revoca la reforma laboral, que había ampliado los derechos de los trabajadores y las cargas sobre el capital; deroga la moratoria sobre nuevos proyectos petroleros; reabre el país al fracking, un método de extracción que fragmenta el subsuelo con productos químicos y contamina las aguas de las comunidades rurales, y revisa los acuerdos de paz, cuyo capítulo sobre la reforma rural integral redistribuía tierras y formalizaba la propiedad de los pequeños productores. A esto se suma un brutal ajuste fiscal. Es el retorno al modelo primario-exportador, que devuelve al país a la función que le ha reservado el centro del sistema: extraer y exportar las riquezas naturales y abaratar la mano de obra.
En materia de seguridad, el modelo es puro Bukele, con la construcción de megacárceles y el uso de la fuerza aérea para bombardear campamentos de grupos armados en las zonas rurales. El refuerzo de las fuerzas de seguridad sirve para reprimir cualquier forma de resistencia que amenace el proyecto en su conjunto, tanto económico como social y político. Y hay un detalle que hace que todo esto resulte más brutal en Colombia que en Argentina: el recorte del gasto social en un país donde más de la mitad de los trabajadores nunca ha estado bajo la protección del Estado.
Colombia es un país en el que la relación entre el trabajo y el capital se caracteriza por la informalidad, y aquí Aníbal Quijano explica lo que Marini no logra por sí solo. La informalidad colombiana es estructural y permanente. El 55 % de las personas con algún tipo de ocupación que trabajan sin protección alguna representan 12.776.000 de trabajadores, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del país. Una cifra casi idéntica al número de votos que obtuvo Cepeda en las elecciones, que fue de 12.708.712 votos. Entre los campesinos, esta cifra alcanza el 83 %. En las microempresas, el 84 %. El propio organismo estadístico del Estado utiliza el término exacto: «estructural». Es lo que Quijano denominó «polo marginal», la masa de trabajadores excluidos de forma permanente del sector productivo moderno, no como un ejército de reserva que pueda ser reabsorbido, sino como una condición fija. La mayoría social colombiana vive ahí.
Si se comparan el mapa electoral y el mapa laboral, se pone de manifiesto lo que una lectura apresurada de los resultados electorales no logra identificar. Las periferias, donde la economía informal roza el 80 %, el Pacífico, la Amazonía y el Caribe empobrecido fueron precisamente los lugares donde Cepeda ganó con holgura. El polo marginal de Quijano es la base más sólida de la izquierda colombiana. La contienda no se decidió allí; se decidió en el centro andino formalizado, de clase media, en Antioquia y en el eje cafetero, donde el discurso del orden y la seguridad encontró eco. Bogotá, la ciudad más grande del país, se decantó por Cepeda, como ya se ha dicho.
Petro redujo la informalidad del 59 % al 55 %, y ahí se estancó. Cuatro puntos en cuatro años y se detuvo donde la estructura es más rígida. El polo marginal es la forma de inserción dependiente de la economía colombiana en el mundo, algo que los economistas liberales insisten en tratar como un fallo de gestión corregible, y ningún mandato de cuatro años deshace lo que dos siglos han condicionado.
La marea que no perdona a nadie
Hoy en día, los gobernantes en el poder pierden. Pierden en casi todas partes y pierden independientemente de su ideología. El año 2024 fue descrito por el Financial Times como un cementerio de gobiernos y, por primera vez en casi ciento veinte años, todos los partidos en el poder en los países desarrollados perdieron porcentaje de votos. Más del 80 % de los gobernantes en las democracias de todo el mundo salieron de las urnas más débiles de lo que entraron. Sufrieron tanto los laboristas/progresistas como los conservadores, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Alemania, donde el SPD de Scholz cedió el paso a la CDU de Merz en febrero de 2025. La ola no tiene bando.
Quien dude de que también afecta a la derecha, solo tiene que mirar a Hungría. En abril de 2026, Viktor Orbán, dieciséis años en el poder, el hombre modelo de la ultraderecha mundial, apadrinado por Trump, Meloni y Le Pen, fue derrotado en las urnas por una oposición que movilizó una participación récord. El mismo ámbito internacional que celebró a De la Espriella en Colombia velaba por Orbán en Hungría. La crisis del gobernante es pragmática y pone de manifiesto un sentimiento entre la gente que resulta difícil de desmontar, y ningún algoritmo está logrando esa hazaña. El votante está insatisfecho porque siente que su vida ha empeorado.
Petro redujo el desempleo hasta su nivel más bajo del siglo y no logró formar a su sucesor. El problema radica en la distancia que existe entre lo que reflejan las cifras agregadas y lo que el votante percibe en el mercado, en el alquiler o en la factura de la luz. La inflación pospandémica ha mermado el poder adquisitivo de forma silenciosa y persistente, y la tímida recuperación que se vislumbra en los índices oficiales no ha llegado a la vida cotidiana de la población.
La lucha a partir de aquí
La emancipación de una economía dependiente recae en la voluntad y la capacidad política de su pueblo para crear las condiciones que la hagan posible. Petro tuvo la voluntad, estuvo a punto de alcanzar la capacidad y se detuvo donde siempre se han detenido quienes lo intentaron antes: en la oligarquía que controla los tres poderes, en los medios burgueses y en el capital interno asociado al externo. Llegó lo suficientemente lejos como para asustar al núcleo del sistema y llegó hasta donde la correlación de fuerzas se lo permitió. Una izquierda que, en un país que intentó exterminarla a lo largo de la historia, aprendió a estar a punto de ganar dos veces seguidas.
Marini, Quijano y otros autores de la teoría marxista de la dependencia nunca situaron la transformación social de América Latina en el aparato del Estado. El uso del Estado siempre ha sido táctico. La lucha de clases es el ámbito en el que la dependencia se resuelve o se agrava, y los 12,7 millones de votantes movilizados en las periferias más explotadas del país constituyen una fuerza social con o sin el Ejecutivo. La izquierda colombiana sale de estas elecciones con la mayor base electoral que ha tenido jamás en la historia del país.
Ahora falta conquistar el centro andino de clase media, sensible al miedo a la inseguridad, el terreno en el que la derecha entró por la puerta del orden y la antipolítica. La tarea consiste en arrebatar ese centro sin restar importancia a la agenda laboral que siempre ha hecho fuerte a la izquierda, y dejar de ceder a la derecha el monopolio del discurso sobre la delincuencia y la seguridad.
Latinoamérica es el continente que aprendió a resistir antes de aprender a ganar, y la izquierda colombiana acaba de demostrar que esa resistencia tiene una base social y un futuro político. Tras tantos años en los que cualquier amenaza al orden se trataba como un asunto policial, quizá la novedad sea precisamente esta: la esperanza ya no tiene por qué presentarse únicamente como supervivencia.
Referencias bibliográficas:
Obras teóricas
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Artículos y reportajes
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Fuentes institucionales
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