Diez años sin justicia, diez años de impunidad, fue el Estado y sigue siendo el Estado
Han pasado 10 años desde la trágica noche de Iguala en Guerrero, México, cuando estudiantes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa que se dirigían a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, fueron interceptados por narcotraficantes y policías locales y estatales, bajo supervisión del Ejército mexicano, para ser reprimidos, baleados, encarcelados y torturados, para después ser víctimas de desaparición forzada. Su crimen, haber ”secuestrado” autobuses para garantizar su traslado a la manifestación anual por Tlatelolco, su “error”, haber tomado un autobus con un cargamento de heroína perteneciente al cartel Guerreros Unidos con dirección a los Estados Unidos.
La mentira histórica
El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), se encargó de fabricar la mentira llamada “verdad histórica” en la que se creó una narrativa Estatal, en la que se vinculaba a los estudiantes con el crímen organizado, mostrando supuestas pruebas de su desaparición y muerte a manos del narcotráfico, con una serie de pruebas forenses plantadas en las que destacaba, la incineración de los cuerpos de los 43 estudiantes al aire libre, en el basurero de la localidad de Cocula, en una lluviosa noche y madrugada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Ante la presión de grupos defensores de derechos humanos, y de lxs familiares y sobrevivientes de la noche de Iguala, fue creado el Grupo Interdisciplinario de Expertxs Independientes (GIEI) en acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó que en el caso Ayotzinapa, además de los 43 estudiantes desaparecidos, existieron 6 asesinatos extrajudiciales, más de 40 personas heridas de gravedad, cerca de 80 perseguidas, entre ellas maestrxs y estudiantes, y más de 180 víctimas de violaciones a derechos humanos, entre los cuáles destaca el encarcelamiento de personas inocentes a través de testimonios obtenidos bajo tortura y las amenzas a periodistas e investigadores siguiendo el caso. El GIEI obtuvo testimonios que determinaron la participación de elementos de las policías locales y estatales guerrerenses en la tortura y desaparición de los estudiantes, también el conocimiento en tiempo real de este caso por parte del Ejército y el CISEN, el extinto servicio de inteligencia mexicano.
La “verdad histórica” fue vilmente difundida y defendida por todos los medios de comunicación afines al gobierno corrupto y represor de Peña Nieto, el último del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido hegemónico y autoritario que traicionó los principios de justicia social, tierra y libertad; emanados de la Revolución Mexicana de principios del siglo veinte. El mismo partido que instauró una dictadura blanda en México, y que inauguró las tácticas de violencia de Estado, contrainsurgencia, tortura y desaparición de militantes de izquierda y perseguidxs políticxs, que pocos años después utilizarían las dictaduras militares en el resto de América Latina.
La criminalización de la educación pública y rural
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sirvió como ejemplo perfecto para sostener la mentira de que la única educación de calidad es la privada. Ante una estrategia mediática de criminalización de los sindicatos magisteriales, el gobierno de Peña Nieto, aprobó una reforma educativa para buscar su privatización, y eliminar de paso a las Escuelas Normales Rurales que surgieron en 1922 como un proyecto emanado de la Revolución y que han sido históricamente un bastión de la lucha popular campesina e indígena en México, siguiendo una línea cardenista para la promoción de la educación y pedagogía socialista. Estas Escuelas forman a maestrxs de educación primaria en comunidades del México más saqueado y empobrecido, y han sido fundamentales para la organización popular a través de revistas, radios comunitarias y proyectos agrícolas y comunitarios. Son, así, escuelas formadoras de maestrxs del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que han resistido las peores embestidas de la represión autoritaria del PRI durante la Guerra Sucia y de los gobiernos neoliberales desde finales de los 80, en los cuáles se encuentran también los dos sexenios entreguistas de Vicente Fox y Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN).
López Obrador y las fuerzas armadas
La esperanza llegó en 2018 a México cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó posesión después de dos fraudes electorales en su contra, casi cuarenta años de inflaciones extremas y privatizaciones y la violencia generalizada en el país por la “Guerra contra el Narco” declarada por Calderón en 2006. El sexenio de López Obrador es el primero de corte progresista desde Lázaro Cárdenas (1934-1940). Llegó al poder tras una campaña electoral en la que se prometió acabar con la corrupción de los gobiernos neoliberales, revertir las reformas de Peña Nieto, como la educativa y la energética, cambiar la estrategia de seguridad en el país, regresando gradualmente al Ejercito y a la Marina a sus cuarteles y llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa.
Poco después de tomar posesión del cargo pidió perdón a nombre del Estado mexicano a los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, estableció diálogo directo con ellxs y creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que retomó la investigación del GIEI y mostró avances hasta topar con la resistencia del Ejército y la Marina. A unos días de terminar su mandato, lxs familiares de los 43 estudiantes, de las Normales Rurales y defensorxs de los DDHH lo acusan de traición por la promesa incumplida de llegar a la verdad, abrir los archivos del Ejército, castigar a lxs responsables y encontrar a los estudiantes. El GIEI declaró en su último informe en 2023 que se retiraba del caso por la obstrucción de las autoridades, y sobretodo del el Ejército y la Marina, en el acceso a la información y los archivos clasificados que se niegan a entregar.
Cabe señalar que el gobierno de López Obrador, ha tejido una alianza con las fuerzas armadas, no solo para el control de la seguridad y la lucha contra el crímen organizado y el narco, sino que además les ha puesto al mando en proyectos prioritarios de infraestructura como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Además, esta semana con la mayoría de su partido en el Congreso, fue aprobada la controvertida reforma a la Guardia Nacional para incorporarla al Ejército, dándole el control sobre la seguridad pública federal, que incluye labores de inteligencia e investigación, control de aduanas y aeropuertos, y labores de agentes de migración. Rompiendo así su promesa de crear un cuerpo del orden con mando civil, encargado de “pacificar” al país.
¡Ayotzinapa vive y vive, la lucha sigue, sigue!
Desde Berlín, expresamos nuestra solidaridad total con las familias de los 43 que exigen hacer públicos los archivos clasificados del Ejército sobre la noche de Iguala, y con todxs las víctimas que exigen justicia en el caso.
El pueblo de México exige que el gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, retome el diálogo con las familias y cumpla con su compromiso de llegar a la verdad, así como que el sistema de Justicia y la Fiscalía General hagan lo propio. Confíamos que de lo contrario, las clases populares sabrán exigir la rendición de cuentas a todos niveles.